Compartieron su mirada con los seis candidatos a la presidencia de la nación, bajo la consigna: «No hay democracia con hambre, ni justicia con inequidad»

En un documento que fue remitido a los seis candidatos a Presidente de la Nación, las juezas y jueces nucleados en el Comité Panamericano por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, dieron a conocer su parecer sobre diez puntos para un proyecto de justicia eco-social, en consonancia con las palabras del Papa Francisco.

Los jueces consignaron que la crisis integral que afecta al planeta tiene carácter estructural y obliga a la justicia a replantearse su participación y contribución en el diseño y control de las políticas públicas. Así, lo ambiental, lo social, lo político y lo económico constituyen –según el documento– categorías interconectadas que debieran ser consideradas por la justicia como un todo, pues no solo los derechos son interdependientes, sino también las políticas públicas entre sí, y en su relación con aquéllos. Los jueces consideraron que  las desigualdades y las exclusiones estructurales nacen, en parte, del diseño y prácticas de las instituciones; y es necesario, por tanto, repensarlas desde ese lugar.

Sostuvieron que el poder judicial debe reforzar su misión de poder independiente en el marco de la división de poderes y decidir, según los valores constitucionales y en particular la dignidad de las personas, sin injerencia de los intereses político-partidarios ni económicos.

Aseguraron que las decisiones estatales no deben ser ajenas a su competencia ni privadas de su revisión en los casos judiciales, conforme el marco constitucional.

Los magistrados puntualizaron que la plena vigencia de los Derechos Humanos es el fin del Estado y justifica el rol del poder judicial, y que éste construye su credibilidad al actuar con ética, coherencia y compromiso en el respeto de los derechos.

En una de las partes más contundentes del documento, afirmaron  que los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales son operativos y exigibles, agregando que las sociedades duales son injustas y violentas y que el derecho y la justicia deben contribuir especialmente a la integración cultural, social y económica de las personas; y garantizar y recomponer su dignidad.

Sostuvieron que los instrumentos sobre Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional son, conforme el propio texto constitucional, superiores a los tratados de comercio o sobre finanzas internacionales.

Hicieron hincapié además en la responsabilidad jurídica por las decisiones de los poderes del Estado como independiente de la responsabilidad política, añadiendo que la impunidad es causa y consecuencia de la anomia y se traduce en una práctica reñida con los valores democráticos.

Por último dejaron en claro que el sistema judicial debe velar por el respeto incondicional a la libertad y la igualdad de los habitantes en sus determinaciones personales, planes de vida, elecciones y preferencias, evitando las prácticas discriminatorias, persecutorias y de sometimiento.

El documento, firmado por el Coordinador del Capítulo Argentino, Carlos F. Balbín y por los jueces y juezas Guillermo Treacy, Roberto Pompa, Fabiana Schafrik, Claudia Caputi, y César Gimenez; fue también rubricado por el Presidente del Comité Panamericano, Andrés Gallardo; y por el titular de la Junta Directiva Panamericana Gustavo Daniel Moreno.

El Capítulo Argentino, celebrará el próximo mes de marzo una reunión plenaria en Puerto Iguazú, provincia de Misiones en la que se congregarán para coordinar posturas y definir acciones futuras más de doscientos magistrados de todo el país.

A continuacion, el texto completo de la documento conjunto:

DIEZ PUNTOS PARA UNA JUSTICIA ECO SOCIAL No hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia con inequidad* (*Francisco, en la Cumbre Panamericana de Jueces por los Derechos Sociales, Vaticano, 4 de Junio de 2019)

Ante la próxima realización de los comicios generales, el Capítulo Argentino del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana hace público el documento que sigue, con el propósito de aportar ideas sobre cómo se construyen y distribuyen los derechos en nuestro país, y cuál es el papel de los jueces en el marco constitucional vigente.

En tal sentido, creemos que las juezas y jueces debemos contribuir al debate, entre otras cuestiones, sobre las respuestas del derecho ante la pobreza y los sectores excluidos.

Así, pues, debemos reflexionar sobre el ejercicio de nuestras funciones, corregir errores, e introducir en el debate los derechos sociales y la igualdad.

Pensamos que la crisis integral que afecta al planeta tiene carácter estructural y obliga a la justicia a replantearse su participación y contribución en el diseño y control de las políticas públicas. Creemos que lo ambiental, lo social, lo político y lo económico constituyen categorías interconectadas que debieran ser consideradas por la justicia como un todo, pues no solo los derechos son interdependientes, sino también las políticas públicas entre sí, y en su relación con aquéllos. Entendemos que las desigualdades y las exclusiones estructurales nacen, en parte, del diseño y prácticas de las instituciones; es necesario, por tanto, repensarlas desde ese lugar. Debemos reflexionar sobre nuestras responsabilidades en la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Y, en tal sentido, el poder judicial debe asumir su misión de poder independiente en el marco de la división de poderes y decidir, según los valores constitucionales y en particular la dignidad de las personas, sin injerencia de los intereses político-partidarios ni económicos. Entendemos que las decisiones estatales no deben ser ajenas a su competencia ni privadas de su revisión en los casos judiciales, conforme el marco constitucional. No dudamos que la plena vigencia de los Derechos Humanos es el fin del Estado y justifica el rol del poder judicial. El poder judicial construye su credibilidad al actuar con ética, coherencia y compromiso en el respeto de los derechos. Afirmamos que los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales son operativos y exigibles. Las sociedades duales son injustas y violentas. El derecho y la justicia deben contribuir especialmente a la integración cultural, social y económica de las personas; y garantizar y recomponer su dignidad. Sostenemos que los instrumentos sobre Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional son, conforme el propio texto constitucional, superiores a los tratados de comercio o sobre finanzas internacionales. Manifestamos que la responsabilidad jurídica por las decisiones de los poderes del Estado es independiente de la responsabilidad política. La impunidad es causa y consecuencia de la anomia; y ésta es una práctica reñida con los valores democráticos. Consideramos que el sistema judicial debe velar por el respeto incondicional a la libertad y la igualdad de los habitantes en sus determinaciones personales, planes de vida, elecciones y preferencias.