Un reciente fallo de la Cámara Federal de Salta que exige al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología nacional entregar los resultados por institución de la pruebas Aprender y Enseñar de los años 2016 y 2017, reavivó el debate sobre los pros y contras de la publicación de resultados de pruebas de aprendizaje. A diferencia de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México, en Argentina los ciudadanos no acceden a datos sobre los resultados de las escuelas en las evaluaciones estandarizadas.

Aquí el público en general no accede a información sobre los resultados educativos de cada escuela en evaluaciones estandarizadas: una persona no puede conocer los resultados de las pruebas Aprender de una escuela en relación con escuelas cercanas o con cualquier otro establecimiento. Ese límite, establecido por el artículo 97 de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional, marca una diferencia con países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México, donde esos datos sí están disponibles para cualquier persona que quiera consultarlos.

El informe “Rankear o no rankear escuelas: ¿es esa la cuestión? El acceso público a la información de las pruebas Aprender”, del Observatorio Argentinos por la Educación, con autoría de Mariano Narodowski, compara el acceso a la información educativa en los países de la región. A partir de la consolidación de los sistemas de evaluación de aprendizajes en las últimas décadas, el informe describe los niveles de desagregación de los datos y el modo en que se difunden.

El artículo 97 de la Ley de Educación Nacional establece que “el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”.

Las investigaciones relevadas en el informe señalan que la publicación de datos por escuela o por estudiante puede tener beneficios (por ejemplo, alentar mejoras en el desempeño), pero también riesgos (por ejemplo, estigmatizar escuelas de bajos resultados).

A modo de propuesta superadora, Mariano Narodowski, autor del informe, menciona el Índice de Desarrollo de la Educación Básica (IDEB), de Brasil, como un ejemplo que permite garantizar el derecho a la información sin estigmatizar. El IDEB es un valor que el Gobierno Federal le asigna a cada escuela en función del resultado de pruebas estandarizadas y de la tasa de graduación anual, pero corregidas por el nivel socioeconómico de los alumnos y las características sociales de la escuela. Narodowski afirma: “Es posible mostrar resultados por escuela sin estigmatizar por medio de un índice de referencia que permite ver logros y dificultades y que, como en el caso brasileño, es construido con un principio de equidad”. El mismo fue creado durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Se basa en resultados y permite ver a qué distancia se está de los países desarrollados.

Voces a favor y en contra del artículo 97

“De acuerdo a las investigaciones que incluyen el análisis de la elección de escuelas por los padres, difícilmente tomen sus decisiones en base a los datos estadísticos. En general los padres están más preocupados por asegurarle a sus hijos una escolarización que se desenvuelva dentro del mismo grupo social al que pertenece su hijo. Esto no solo sucede en el circuito privado, sino también en el público, en el que padres y directivos desarrollan estrategias para mantener la homogeneidad social de las instituciones”, explica Guillermina Tiramonti, investigadora de FLACSO.

Para Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, el gran desafío es que los actores del sistema utilicen los datos para promover la mejora educativa: “La devolución de la información de las evaluaciones a cada escuela es una política clave para acompañar su proceso de mejora, con datos de su contexto, su evolución en el tiempo y los recaudos metodológicos para que la información sea útil y válida”. Rivas advierte: “La conformación de rankings o la publicación de los resultados por escuela puede generar más segregación y desigualdad educativa. Hay muchas otras políticas vinculadas con el uso activo de la información para la mejora que pueden implementarse sin correr ese riesgo innecesario”.

Gustavo Iaies, director de la Escuela de Gestión Educativa de ESEADE, enfatiza que “es fundamental plantearse para quién es la información, porque el formato y la cantidad de la misma dependen de los usuarios en los que estemos pensando. La prioridad son los directores: gestionar una escuela requiere de información que podamos utilizar de parámetro, tener claro lo que dicen los datos sobre lo que pasa con los alumnos. Creo que es el punto en el que nuestro sistema pide más datos. No importan tanto para los funcionarios, sino sobre todo para los colectivos docentes de cada institución”.

En tanto, Juan Llach, miembro de la Academia Nacional de Educación, plantea: “Creo razonable no correr el riesgo de estigmatizar a las escuelas. Los resultados de las evaluaciones están muy condicionados por factores socioeconómicos; por lo tanto, a las escuelas que trabajan en zonas más necesitadas les cuesta más obtener buenos resultados. Si les va mal, pueden sufrir una gran fuga de estudiantes y pasar a ser ‘escuelas pobres, solo para los pobres’”.

Sin embargo, el ex ministro de Educación señala que esta limitación no debería ser para siempre: «Un primer paso es informar a toda la comunidad educativa los resultados obtenidos, comparados con los del barrio, el municipio, la provincia y la Nación y, más adelante, también con otros países. Junto a esta información, los directivos de las escuelas deberían explicitar qué cambios se introducirán en el proyecto educativo institucional para mejorar. Mientras tanto, las autoridades deberían apoyar a las escuelas de las zonas más pobres o con bajos resultados, como se lo ha empezado a hacer». Para Llach, “luego de un período de unos cinco años, las escuelas estarían mejor preparadas y la sociedad también, como para poder recibir toda la información, si la comunidad educativa está de acuerdo en su publicación”.

Irene Kit, presidenta de la Asociación Civil Educación Para Todos, señala que hay otra discusión pendiente: «La modalidad adoptada para las evaluaciones estandarizadas toma como un principio inamovible el secreto de las evaluaciones. Los datos a los que puede acceder la escuela muestran los porcentajes de estudiantes por nivel de logro en cada área y las diferentes proporciones según sexo, condición de repetición, asistencia a nivel inicial, nivel educativo de los padres, nivel socioeconómico, entre otros. Esa metodología estadística aplicada impide, aún en el caso que lográramos una cobertura censal a nivel de escuela y a nivel de estudiantes, que contemos con un mapeo más pormenorizado para decisiones de enseñanza. Por ejemplo, si los estudiantes en la evaluación de Lengua tienen mayores dificultades en la identificación de información, en el manejo de vocabulario, en inferencias de diverso nivel de complejidad. Este es otro aspecto para poner en la discusión de un planteo superador».

Experiencias internacionales

Harvey Spencer Sánchez Restrepo, ex director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Ecuador, indica: “Fomentar espirales de mejora en la educación pública demanda vocación de transparencia, participación ciudadana y un diálogo informado. Para que directivos, docentes, estudiantes y sus familias comprendan los logros y desafíos educativos, es imprescindible que conozcan el estado de la situación en su ámbito de acción. Colocar a la escuela en el centro con información pública, clara y confiable –acompañada de los debidos ajustes metodológicos, explicaciones y precisiones– puede ser una de las acciones más significativas para consensuar esfuerzos y garantizar a cada niño su derecho a un aprendizaje significativo”.

Por su parte, Alejandra Falabella, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, alerta que “el caso chileno evidencia que la publicación de resultados no ha mejorado la calidad de la educación; por el contrario, ha gatillado diversos efectos nocivos para las comunidades escolares, especialmente para aquellas que atienden poblaciones más vulnerables”.

Rankear o no rankear

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