Juntas Comunales: declaran inconstitucional el decreto que modificó su estructura interna
La justicia hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad del decreto 251/GCABA/2014, por el que el Poder Ejecutivo local aprobó la estructura organizativa interna de las Comunas
El titular del juzgado n.° 23 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Francisco Ferrer, hizo lugar a la acción de amparo que presentaron integrantes de distintas Juntas Comunales cuestionando la validez constitucional del decreto 251/GCABA/2014, por el cual el Poder Ejecutivo local había aprobado la estructura organizativa interna de las Comunas y rediseñado su funcionamiento, mediante la creación de gerencias y subgerencias. Los amparistas sostuvieron que el comportamiento del Ejecutivo afectaba derechos de incidencia colectiva, asociados con el adecuado funcionamiento del sistema de democracia participativa, enunciado en el art. 1° de la Constitución porteña. Todo ello en el marco de la causa «Vayo Miguel Enrique y otros contra GCBA sobre amparo» Expte 7770/2014-0
El juez se refirió a la legitimación activa y a la existencia de derechos de incidencia colectiva involucrados y sostuvo que «ambas calidades invocadas por los actores ‘habitantes e integrantes de las Juntas Comunales’ resultan suficientes para considerarlos legitimados, en el marco de una Constitución como la de la Ciudad de Buenos Aires, que con generosa amplitud garantiza el acceso a la justicia»; y que «de comprobarse el menoscabo de tal funcionamiento mediante el decreto impugnado, ello afectaría no solamente el adecuado ejercicio de las facultades asignadas a los integrantes de las Juntas Comunales sino, especialmente, los derechos de todos los habitantes de la ciudad».
Sobre la cuestión de fondo advirtió que la competencia constitucional para regular la organización funcional interna de las Comunas es «una facultad de la Legislatura porteña, que solo puede ser ejercida mediante una mayoría calificada de dos tercios del total de sus miembros». Y que «debe ser complementada por las Comunas, de manera exclusiva, según sus necesidades y prioridades directamente vinculadas con la identidad y fisionomía barrial que son llamadas a proteger».
El magistrado resaltó que “el prudente ejercicio por la Legislatura de su atribución de establecer la organización de las Comunas se muestra como el mejor modo de garantizar el ejercicio de la democracia participativa previsto en la Constitución local”, al tiempo que afirmó que “las Comunas pueden, respetando la organización funcional en áreas de gestión y adoptando entre ellas las de participación vecinal y control comunal, establecer áreas de gestión adicionales. Claro, siempre que tomen en cuenta en dicho diseño la estructura organizativa del Poder Ejecutivo, las atribuciones de las Comunas establecidas en la Constitución de la Ciudad y las propias prioridades comunitarias”. En dicho marco, con apoyo en los principios interpretativos específicos que rigen la materia, consideró que “el Poder Ejecutivo local carecía de atribuciones constitucionales suficientes para emitir el decreto 251/GCABA/2014 mediante el cual, conforme los términos expresos de su art. 1°, aprobó la estructura organizativa de las Comunas de la CABA”.
A la hora de analizar el contenido concreto de la estructura diseñada por el PE, observó que «la pretensión (…) de reglar la organización de las Comunas respecto al modo en que ejercen competencias exclusivas encuentra un obstáculo insalvable en lo dispuesto en el art. 128 de la CCABA, y en particular en el deber de abstenerse de ‘emitir o producir actos que signifiquen intromisión o menoscabo de las funciones de competencia exclusiva de las comunas’»; y que «la organización propuesta supone, también, una violación a la prohibición que pesa sobre el Poder Ejecutivo de ‘ejercer las funciones derivadas de las competencias exclusivas de las Comunas’».
A su vez, observó que «al asignar competencias específicas a cada una de las gerencias y subgerencias creadas, el decreto 251/GCABA/2014 había incorporado la participación de ‘una dependencia del Poder Ejecutivo -la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana’-… en el proceso de decisión sobre las más destacadas competencias exclusivas de las Comunas [programa de acción, presupuesto, patrimonio y mantenimiento de las vías secundarias y de los espacios verdes], circunstancia que no puede sino ser vista como una injerencia inconstitucional en un área reservada de manera exclusiva a estas últimas. O, en otros términos, como un modo en que el Poder Ejecutivo ejerce funciones derivadas de competencias exclusivas de las Comunas». En tal sentido, señaló que «del entramado de acciones desplegadas por la Administración central a partir del dictado del decreto 251/GCABA/14, se observa la desnaturalización del esquema previsto por en forma específica por la ley 1.777 -que había conferido a las Juntas Comunales la atribución de ‘nombrar y remover a su personal de acuerdo con la legislación vigente’ (…),- y la intromisión indebida de aquella en las competencias exclusivas y en el funcionamiento propio de las Comunas. Es que ninguna ‘intervención’ le cabe al Poder Ejecutivo en estas facultades exclusivas de las comunas».
Ferrer concluyó que «el reproche constitucional que aquí se efectúa respecto al decreto 251/GCABA/2014 tiene capacidad de impactar en los vínculos originados a la luz de lo dispuesto en la resolución conjunta del Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Descentralización 1863/MHGC/17, emitida en cumplimiento de aquel». Y producto de ello, es que «ordenó al GCBA preservar los derechos laborales de los trabajadores que fueron designados para ocupar las gerencias y subgerencias creadas por el decreto impugnado, asegurando su ‘situación de revista, antigüedad, función, categoría, nivel remunerativo alcanzado por todo concepto y demás derechos que los trabajadores hubieran adquiridos al amparo del sistema en crisis’».-
Villa Urquiza
Villa Urquiza: una desarrolladora construyó un edificio utilizando una medianera ajena y deberá pagar una millonaria suma
El crecimiento inmobiliario de Villa Urquiza volvió a quedar en el centro de una controversia, esta vez por una situación que enfrentó a propietarios de un edificio con una desarrolladora que construyó en el terreno vecino. La discusión no estuvo relacionada con la altura del inmueble ni con los permisos de obra, sino con algo mucho más puntual: el uso de una pared que ya existía y que había sido costeada por otros propietarios.
El caso involucró al consorcio de Pacheco 2855/57 y a Desarrolladora B.A. S.A., responsable de una construcción lindera ubicada en Pacheco 2865. Según el reclamo judicial, la empresa utilizó parte de la medianera del edificio vecino para ejecutar su proyecto, evitando afrontar el costo de levantar una estructura propia de características similares.
Ante esa situación, los propietarios decidieron recurrir a la Justicia para reclamar el reconocimiento económico por el aprovechamiento de la pared.
Una pared de 443 metros cuadrados y una pericia determinante
Durante el proceso judicial se realizó una inspección técnica a cargo del arquitecto Roberto Daniel Ferro, quien examinó los planos y las características de ambas construcciones.
El informe confirmó que los edificios estaban en contacto mediante una pared medianera de aproximadamente 443 metros cuadrados. También señaló que la desarrolladora había obtenido una ventaja económica al utilizar esa estructura, ya que se ahorró materiales, trabajos de construcción y tiempo de ejecución.
La empresa rechazó el reclamo y sostuvo que había construido su propio muro, cuestionando que existiera una obligación de compensar al consorcio. Sin embargo, la evaluación técnica terminó siendo determinante para la resolución del conflicto.
Qué resolvió la Justicia en Villa Urquiza
El 2 de noviembre de 2026, el Juzgado Nacional en lo Civil N° 109, a cargo de la jueza Pilar Fernández Escarguel, dictó una sentencia favorable al consorcio.
Aunque la pericia había establecido un valor total de $66.399.625, la magistrada descontó $6.036.329 correspondientes a honorarios profesionales cuyo pago no había sido acreditado. De esta manera, condenó a Desarrolladora B.A. S.A. a abonar $60.363.295, más intereses, además de afrontar las costas judiciales.
La resolución estableció un plazo de diez días para cumplir con el pago. No obstante, se trata de un fallo de primera instancia y todavía no consta que haya quedado firme.
Un antecedente para los consorcios de la Ciudad
Los representantes del consorcio explicaron que el dinero reclamado no constituye una multa, sino la compensación por los derechos de medianería correspondientes a una estructura que ya existía y fue aprovechada por la nueva construcción.
El episodio deja una cuestión de interés para los vecinos de Villa Urquiza y otros barrios porteños donde conviven edificios antiguos, nuevas construcciones y desarrollos inmobiliarios: las obras sobre terrenos linderos también deben contemplar los derechos de quienes viven junto a ellas. En este caso, los propietarios recurrieron a la Justicia y consiguieron un reconocimiento económico por una pared que, según se determinó en el expediente, también había servido para beneficiar a la empresa constructora.
El trabajo de los recuperadores urbanos de Saavedra recibió una visita especial. Sor Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, recorrió las instalaciones de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros ( Roberto Goyeneche y Arias) , donde pudo conocer de cerca cómo se organiza la tarea de quienes trabajan diariamente en la recuperación de materiales reciclables.
La presencia de la funcionaria, que ocupa un cargo de relevancia dentro de la estructura de la Iglesia, respondió a una invitación de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). La intención fue acercar a las autoridades vaticanas a la realidad de los trabajadores, conocer sus condiciones laborales y mostrar el aporte que realizan tanto a la economía popular como al cuidado del ambiente.
Durante el encuentro, Smerilli recordó el pensamiento del papa Francisco y destacó el lugar que les otorgaba a los sectores más vulnerables. En ese sentido, señaló que Bergoglio reconocía la acción del Espíritu Santo que hace de las personas pobres no solamente destinatarias de ayuda, sino también protagonistas de la misión de la Iglesia.
La visita adquiere un significado particular para los vecinos de la Comuna 12, ya que pone en primer plano una actividad que forma parte de la vida cotidiana de la Ciudad y que muchas veces no recibe el reconocimiento que merece. La recuperación de cartón, papel, plástico y otros materiales permite reducir los residuos que llegan a los rellenos sanitarios y recuperar recursos que pueden volver al circuito productivo.
Sin embargo, detrás de esa tarea existe una preocupación creciente. Desde las cooperativas cartoneras porteñas advierten que alrededor de 6.500 puestos de trabajo se encuentran en riesgo ante los cambios previstos en los pliegos de higiene urbana. Por eso reclaman que el sistema de reciclado contemple y reconozca el papel de los recuperadores urbanos, a quienes consideran fundamentales para su funcionamiento.
Amanecer de los Cartoneros nació en 2005, como respuesta colectiva a las consecuencias de la crisis económica y social de 2001. Vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y a la FACCyR, reúne a más de 3.000 asociados y se define como una organización sin fines de lucro, creada y conducida por los propios trabajadores.
La recorrida de la representante del Vaticano se realizó en el marco del Encuentro Regional de Movimientos Populares, que reunió en la Argentina a organizaciones sociales, sindicales y eclesiales de distintos países de América Latina. Allí se elaboró una declaración que será entregada al papa León XIV y que vuelve a poner en el centro tres reclamos históricos: tierra, techo y trabajo.
Para Saavedra, la visita también permite acercar la mirada a una realidad laboral y social que forma parte del barrio y recordar que detrás de cada material recuperado hay trabajadores, familias y una organización que reclama poder continuar con su tarea.
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Una representante del papa León XIV recorrió una planta de reciclado en Saavedra
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