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Colectivo trans: Ordenan acceso a vivienda digna y diseño de políticas de empleo

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La justicia ordenó realizar un relevamiento del colectivo trans, el diseño de un plan de empleo y el otorgamiento a quienes lo peticionen, de un subsidio para el acceso a la vivienda, mediante los programas existentes

El titular del Juzgado n.° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo resolvió hacer lugar a la medida cautelar y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llevar a cabo un relevamiento de las personas que conforman el colectivo trans; diseñar un plan de política pública de empleo dirigido a tal colectivo; y otorgar a las personas de la población trans, que así lo peticionen, un subsidio monetario mediante la inclusión en alguno de los programas existentes, cuyas cuotas deberán ser suficientes para cubrir el valor íntegro de una vivienda en condiciones dignas de habitabilidad, asistiéndolas en caso de ser necesario en la búsqueda de alojamiento. Todo ello en el marco de la causa «A., L. J. y otros contra GCBA sobre Amparo – Habitacionales y otros subsidios».

El magistrado señaló, con respecto a la normativa internacional, que la declaración de Principios de Yogyakarta establece específicamente en su Principio 15º: «el derecho a una vivienda adecuada que implique la protección contra el desalojo, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género». En ese sentido, es que «obliga al Estado a asegurar el acceso a una vivienda habitable, accesible, apropiada y segura, mediante programas sociales y de apoyo que palíen la vulnerabilidad relacionada con los factores vinculados a la orientación sexual y a la identidad de género, a la carencia de hogar, a la exclusión social, a la violencia doméstica y de otra índole, a la discriminación, a la falta de independencia financiera y al rechazo por parte de familias o comunidades culturales».

Mientras que en el orden nacional, destacó que «la Ley de Identidad de Género n.° 26.743 reconoció el derecho a la identidad de género (art. 1), definido como ‘la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo’ (art. 2)». Con respecto a la legislación local, precisó que el artículo 11 de la Constitución porteña expresamente reconoce y garantiza «el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo».

El juez resaltó el informe que elaboró la Defensoría General de la Ciudad sobre el «acceso a la vivienda para las mujeres trans, la precariedad habitacional como principal alternativa», en el que se indicó con relación al acceso al trabajo, que «ninguna (mujer trans) tuvo acceso a un empleo en el marco de la formalidad laboral. El INADI precisa además que ‘el 80% de las personas trans se encuentra en un estado de informalidad laboral’«. A estos datos se agregó la investigación realizada por el Programa de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, que indica que «el 65.1% (del colectivo en cuestión) vive en cuartos de alquiler de hoteles, casas particulares, pensiones, departamentos ‘tomados’ y/o irregulares ‘condición de vivienda estimada como precaria por el Ministerio de Hacienda del GCBA’ , mientras que sólo un 5.9% cuenta con casa propia». Por último, se informó que «la mayoría de las personas trans no logran acceder a subsidios habitacionales, toda vez que ‘no consiguen reunir los requisitos que se exigen, tales como conseguir un recibo de alquiler o documentación de la propiedad elegida para vivir’”.

En su relato, analizó además que «el grupo de personas trans se encuentra en un estado de extrema vulnerabilidad social, por cuanto no tienen garantizada condiciones dignas de vivienda, no logran acceder al mercado formal de trabajo, deben ejercer la prostitución como única fuente de ingresos, poseen baja expectativa de vida ─ aproximadamente 45 años de edad ─, padecen discriminación por su identidad de género, no logran acceder a las propuestas habitacionales debido a la mencionada discriminación y por último, las respuestas por parte del Estado son insuficientes a fin de subvertir su situación socioeconómica».

Subrayó además que «toda la legislación nacional, local y convencional citada (…), no puede ser meramente declarativa. ¿Cuántas muertes prematuras más vamos a esperar que ocurran para tomar cartas en el asunto? ¿Por cuánto tiempo más seremos cómplices institucionales de la segregación y el escarnio? Nuestra Constitución local, en su artículo décimo, prescribe que ‘Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos’; ese es el principio rector que nos guía en la tarea judicial y que en la medida de su práctica coherente permitirá, en éste y otros casos, enaltecer el rol judicial y generar la debida confianza social en las instituciones». Y agregó que «las y los trans pobres, son doblemente marginados por su condición económica y su género y es a ellos a quienes debemos dar respuestas desde el Estado».

Gallardo concluyó con la cita de una carta escrita por Diego Neria Lejárraga, el primer transexual al que ha recibido un papa (el Papa Francisco): «Dígame, ¿en algún momento de su vida ha conocido de cerca la transexualidad? ¿Ha podido sentir a través de alguien conocido o querido la dificultad que supone para una persona que nace en un cuerpo equivocado caminar cada día? ¿Se ha preocupado antes de lanzar esta campaña por tratar de ponerse en la piel de los padres de un menor transexual? Supongo que sus respuestas serán todas no, porque de otra forma, sería imposible que alguien con mínimos principios de moralidad pueda arremeter sin sentido contra algo tan sagrado como es la vida del otro».-

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Villa Urquiza

Villa Urquiza: una desarrolladora construyó un edificio utilizando una medianera ajena y deberá pagar una millonaria suma

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El crecimiento inmobiliario de Villa Urquiza volvió a quedar en el centro de una controversia, esta vez por una situación que enfrentó a propietarios de un edificio con una desarrolladora que construyó en el terreno vecino. La discusión no estuvo relacionada con la altura del inmueble ni con los permisos de obra, sino con algo mucho más puntual: el uso de una pared que ya existía y que había sido costeada por otros propietarios.

El caso involucró al consorcio de Pacheco 2855/57 y a Desarrolladora B.A. S.A., responsable de una construcción lindera ubicada en Pacheco 2865. Según el reclamo judicial, la empresa utilizó parte de la medianera del edificio vecino para ejecutar su proyecto, evitando afrontar el costo de levantar una estructura propia de características similares.

Ante esa situación, los propietarios decidieron recurrir a la Justicia para reclamar el reconocimiento económico por el aprovechamiento de la pared.

Una pared de 443 metros cuadrados y una pericia determinante

Durante el proceso judicial se realizó una inspección técnica a cargo del arquitecto Roberto Daniel Ferro, quien examinó los planos y las características de ambas construcciones.

El informe confirmó que los edificios estaban en contacto mediante una pared medianera de aproximadamente 443 metros cuadrados. También señaló que la desarrolladora había obtenido una ventaja económica al utilizar esa estructura, ya que se ahorró materiales, trabajos de construcción y tiempo de ejecución.

La empresa rechazó el reclamo y sostuvo que había construido su propio muro, cuestionando que existiera una obligación de compensar al consorcio. Sin embargo, la evaluación técnica terminó siendo determinante para la resolución del conflicto.

Qué resolvió la Justicia en Villa Urquiza

El 2 de noviembre de 2026, el Juzgado Nacional en lo Civil N° 109, a cargo de la jueza Pilar Fernández Escarguel, dictó una sentencia favorable al consorcio.

Aunque la pericia había establecido un valor total de $66.399.625, la magistrada descontó $6.036.329 correspondientes a honorarios profesionales cuyo pago no había sido acreditado. De esta manera, condenó a Desarrolladora B.A. S.A. a abonar $60.363.295, más intereses, además de afrontar las costas judiciales.

La resolución estableció un plazo de diez días para cumplir con el pago. No obstante, se trata de un fallo de primera instancia y todavía no consta que haya quedado firme.

Un antecedente para los consorcios de la Ciudad

Los representantes del consorcio explicaron que el dinero reclamado no constituye una multa, sino la compensación por los derechos de medianería correspondientes a una estructura que ya existía y fue aprovechada por la nueva construcción.

El episodio deja una cuestión de interés para los vecinos de Villa Urquiza y otros barrios porteños donde conviven edificios antiguos, nuevas construcciones y desarrollos inmobiliarios: las obras sobre terrenos linderos también deben contemplar los derechos de quienes viven junto a ellas. En este caso, los propietarios recurrieron a la Justicia y consiguieron un reconocimiento económico por una pared que, según se determinó en el expediente, también había servido para beneficiar a la empresa constructora.

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Saavedra

Una representante del papa León XIV recorrió una planta de reciclado en Saavedra

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El trabajo de los recuperadores urbanos de Saavedra recibió una visita especial. Sor Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, recorrió las instalaciones de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros ( Roberto Goyeneche y Arias) , donde pudo conocer de cerca cómo se organiza la tarea de quienes trabajan diariamente en la recuperación de materiales reciclables.

La presencia de la funcionaria, que ocupa un cargo de relevancia dentro de la estructura de la Iglesia, respondió a una invitación de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). La intención fue acercar a las autoridades vaticanas a la realidad de los trabajadores, conocer sus condiciones laborales y mostrar el aporte que realizan tanto a la economía popular como al cuidado del ambiente.

Durante el encuentro, Smerilli recordó el pensamiento del papa Francisco y destacó el lugar que les otorgaba a los sectores más vulnerables. En ese sentido, señaló que Bergoglio reconocía la acción del Espíritu Santo que hace de las personas pobres no solamente destinatarias de ayuda, sino también protagonistas de la misión de la Iglesia.

La visita adquiere un significado particular para los vecinos de la Comuna 12, ya que pone en primer plano una actividad que forma parte de la vida cotidiana de la Ciudad y que muchas veces no recibe el reconocimiento que merece. La recuperación de cartón, papel, plástico y otros materiales permite reducir los residuos que llegan a los rellenos sanitarios y recuperar recursos que pueden volver al circuito productivo.

Sin embargo, detrás de esa tarea existe una preocupación creciente. Desde las cooperativas cartoneras porteñas advierten que alrededor de 6.500 puestos de trabajo se encuentran en riesgo ante los cambios previstos en los pliegos de higiene urbana. Por eso reclaman que el sistema de reciclado contemple y reconozca el papel de los recuperadores urbanos, a quienes consideran fundamentales para su funcionamiento.

Amanecer de los Cartoneros nació en 2005, como respuesta colectiva a las consecuencias de la crisis económica y social de 2001. Vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y a la FACCyR, reúne a más de 3.000 asociados y se define como una organización sin fines de lucro, creada y conducida por los propios trabajadores.

La recorrida de la representante del Vaticano se realizó en el marco del Encuentro Regional de Movimientos Populares, que reunió en la Argentina a organizaciones sociales, sindicales y eclesiales de distintos países de América Latina. Allí se elaboró una declaración que será entregada al papa León XIV y que vuelve a poner en el centro tres reclamos históricos: tierra, techo y trabajo.

Para Saavedra, la visita también permite acercar la mirada a una realidad laboral y social que forma parte del barrio y recordar que detrás de cada material recuperado hay trabajadores, familias y una organización que reclama poder continuar con su tarea.

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Saavedra

Una huerta de Saavedra que cosecha reconocimiento internacional

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En medio del movimiento cotidiano de Saavedra, entre canchas de tenis, pádel y espacios deportivos, en la calle Galván 3920 existe un rincón verde que logró trascender las fronteras del barrio. Se trata de una huerta urbana de casi mil metros cuadrados que, por su propuesta y forma de trabajo, llamó la atención de uno de los medios periodísticos más importantes de España.

El diario El País publicó en septiembre un artículo sobre esta experiencia impulsada por el Grupo Mezcla, la empresa gastronómica responsable de los restaurantes Casa Cavia, Asadero y Orno. La iniciativa comenzó en 2020, cuando un terreno que hasta entonces permanecía como un espacio de césped sin utilizar fue transformado en un lugar de producción agroecológica.

Allí se cultivan distintas variedades de verduras, hortalizas y hierbas aromáticas que luego recorren unos pocos kilómetros hasta las cocinas de los restaurantes. Tomates de árbol, puerros, lechugas, kale, remolachas y hasta cucamelones forman parte de una producción que busca incorporar ingredientes diferentes y aprovechar los alimentos propios de cada estación.

Saavedra y una huerta que conecta la tierra con la gastronomía

Uno de los aspectos más interesantes del proyecto es que no se limita a producir alimentos. La huerta funciona como un espacio de intercambio entre ingenieros agrónomos y cocineros, que participan en la planificación de cada temporada, proponen cultivos y experimentan con nuevos productos.

Marcela Harris y Christian Krizaj, ingenieros agrónomos vinculados al proyecto desde sus comienzos, acompañan el desarrollo de los cultivos y trabajan junto a los equipos gastronómicos para definir qué sembrar y cómo aprovechar cada cosecha.

Para los chefs, tener los ingredientes a pocos metros de distancia permite conocer de primera mano sus características, respetar los tiempos naturales de producción y diseñar platos de acuerdo con la disponibilidad de cada temporada.

La experiencia también deja una enseñanza que va más allá de la gastronomía: conocer el origen de los alimentos, comprender cómo se producen y valorar el trabajo que existe detrás de cada ingrediente.

Más espacios verdes y agricultura dentro de la Ciudad

La publicación de El País vuelve a poner en escena una experiencia que tiene como protagonista a Saavedra y que demuestra que la agricultura también puede encontrar su lugar dentro de una gran ciudad.

En Buenos Aires, las huertas urbanas y comunitarias vienen ganando espacio como alternativas para recuperar el contacto con la naturaleza, promover prácticas sustentables y generar nuevas formas de relacionarse con el entorno.

Para los vecinos de la Comuna 12, esta experiencia es un ejemplo interesante de cómo un espacio urbano puede transformarse y adquirir una nueva función. En una ciudad donde cada metro verde tiene un valor especial, iniciativas como la de Saavedra permiten imaginar otras maneras de aprovechar la tierra, producir alim

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