Tras una movilización, la ministra del área recibió a los profesionales; insisten en el veto
Tras el primer paro de residentes en los hospitales porteños, el conflicto que desató la semana pasada la sanción de la nueva ley que regula la formación médica de posgrado volvió a escalar a pesar de que las autoridades de Salud ofrecieron rever algunos artículos de la norma.
Ayer a la mañana, residentes y concurrentes de los centros de salud de la ciudad manifestaron su reclamo frente a la Jefatura de Gobierno, en el barrio de Parque Patricios, para solicitar formalmente la derogación del texto que entrará en vigor el 1° de enero próximo.
«La forma en la que fue tramitada esta ley desde su elaboración, sin actores fundamentales, como residentes y concurrentes y nuestras asociaciones, implican una serie de falencias y ausencias que nos llevan a concluir que la misma debe ser vetada», indica la nota que la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la ciudad de Buenos Aires le entregó ayer al Poder Ejecutivo porteño.
Para los más de 4500 profesionales representados, de acuerdo con el texto, las falencias de la nueva norma son varias. «Implica irrefutablemente un retroceso de nuestros derechos laborales, al legalizar jornadas de hasta 64 horas semanales, sin estipular días hábiles o no; sostiene la figura del concurrente como trabajo ad honorem, sin obra social, aportes jubilatorios, ni ART; vulnera nuestro salario, al desacoplarlo del de los demás trabajadores de planta, y maquilla la guardia como formación intensiva continua, entre otros atropellos», enumera la carta.
La primera respuesta del gobierno porteño llegó de la mano de Ana Bou Pérez, ministra de Salud hasta el próximo martes, cuando asumirá ese cargo Fernán González Bernaldo de Quirós, hoy coordinador ad honorem de la Red de Salud del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En una reunión con un grupo de casi 50 delegados de la asamblea, Bou Pérez comunicó que la Ciudad revisará algunos artículos de la ley. «Les abrimos la ley y no lo aceptaron», dijo la funcionaria a ete medio. Fuera del ministerio, en la esquina de la calle Monasterio y la avenida Amancio Alcorta, cientos de profesionales con delantales blancos y pancartas protestaban en contra de la ley.
Pero la propuesta oficial no conformó a los residentes, que decidieron retomar el paro que había concluido ayer con otras medidas de fuerza. «Rechazamos la propuesta de las autoridades y decidimos continuar el paro, con un acampe frente a la Jefatura de Gobierno desde el miércoles a las 10», resumió Lain Bullentini, vocero de la asamblea y residente de tercer año de medicina general y/o familiar del Hospital Argerich.
El nuevo Régimen de Residencias y Concurrencias de Equipos de Salud y Apoyo a Equipos de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la Legislatura porteña aprobó el jueves pasado, formaliza de algún modo lo que sucede en los hospitales. La nueva ley define la residencia como «un régimen de formación de postgrado en servicios y contextos de trabajo para profesionales de reciente graduación, remunerado, acotado en el tiempo, intensivo y altamente calificado».
Mientras que la asamblea de residentes y concurrentes critica el «espíritu de la norma», el debate puertas adentro de los hospitales se concentra en una decena de los 41 artículos. Una es la carga horaria de las residencias: la norma habla de entre 36 y 64 horas semanales durante días hábiles y no hábiles, de acuerdo con lo que requieran los programas de formación de cada especialidad.
El salario de un residente de primer año es de $35.000. Entonces, si cubriera 64 horas semanales en lugar de las 40 sobre las que se estima su ingreso no percibiría 24 horas extras. Otra duda es cómo se ajustará ese monto. La ley no aclara si será por paritarias o por los sueldos de planta; solo dice que será «por acta de negociación colectiva».
Las sanciones disciplinarias son otro punto de conflicto. Incluyen la suspensión hasta 10 días por el incumplimiento reiterado del horario o sus obligaciones y las inasistencias injustificadas, o la rescisión del contrato de residencia por abandono de tareas, inasistencias injustificadas de más de 10 días, una falta grave «que perjudique material o moralmente a la administración» o condenas judiciales.
Según pudo conocer LA NACION, el Ejecutivo revisará la redacción de los artículos sobre el régimen disciplinario para modificarlo. La carga horaria es otro punto que se reverá en una mesa de diálogo, una vez que asuma la nueva gestión. También se analizará el artículo sobre las concurrencias, una opción de formación no remunerada para quienes no ingresan a la residencia: se contemplará brindar cobertura de salud y ART.
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