COVID-19: Desestiman cautelar de una asociación de empresas que prestan servicios a pacientes dializados
La justicia en turno desestimó una medida cautelar contra el GCBA presentada por empresas de salud cuya pretensión principal consiste en que los hospitales públicos porteños absorban a sus pacientes que presenten o sean sospechosos de COVID-19
El titular del Juzgado n.° 14 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Lisandro Ezequiel Fastman, resolvió desestimar la medida cautelar solicitada por un nucleamiento de empresas de salud que prestan servicio a pacientes dializados contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Todo ello en el marco de la causa «Asociación Regional de Diálisis y Transplantes Renales de Capital Federal y provincia de Buenos Aires y otros contra GCBA sobre Amparo – Salud – Otros», Expediente n.° 3036/2020-0.
A raíz de una comunicación con la línea 0800, la «Asociación Regional de Diálisis y Transplantes Renales de Capital Federal y provincia de Buenos Aires», el «Instituto Renal Metropolitano S.A.», la empresa «Servicios de Terapia Renal Argentina S.A.», y el «Centro de Diálisis San Bruno S.R.L.»; inician una acción de amparo contra el GCBA a fin de que «se garantice la cobertura adecuada y en aislamiento de tratamientos de diálisis a pacientes portadores de insuficiencia renal crónica terminal en el marco de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19».
El magistrado desglosó lo requerido al Ejecutivo porteño por las entidades amparistas: «1) Que habilite un establecimiento hospitalario propio para brindar atención de diálisis a los pacientes portadores de insuficiencia renal crónica terminal que padezcan COVID-19, en condiciones adecuadas de internación y aislamiento; 2) Que habilite un establecimiento especial para atender en aislamiento y hasta tanto se efectúe el descarte o confirmación del caso los tratamientos de diálisis a todos los pacientes portadores de insuficiencia renal crónica terminal que se determinen como casos sospechosos de COVID19 o contactos estrechos de pacientes de COVID-19; y 3) Que arbitre las medidas pertinentes para garantizar los adecuados traslados de todos los pacientes renales crónicos en tratamiento de diálisis que padezcan y/o sean sospechosos y/o contactos estrechos de COVID-19″. Narraron además que «a nivel federal, la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Trasmisibles del Ministerio de Salud de la Nación elaboró, con fecha 7 de abril de 2020, el documento titulado ‘Organización de servicios de salud para abordar la enfermedad renal que requiera diálisis durante la pandemia por Covid-19’. (…) allí se efectúan una serie de recomendaciones médicas a realizar por los prestadores de diálisis». Entendieron que «…son impracticables, inadecuadas y podrían implicar mala praxis médica en caso de implementarse tal como han sido formuladas». Y argumentaron que «en la Argentina, donde el Estado no paga tratamientos de diálisis hace meses (…), resulta viable que se establezcan áreas de aislamiento en centros diseñados para pacientes ambulatorios quienes, además, luego del tratamiento se trasladan a sus domicilios, es delirante». Informaron que «el GCBA no ha adoptado ninguna medida preventiva para el grupo en cuestión, lo que considera una omisión arbitraria e ilegítima, que los pone en riesgo, ya que ‘se van a infectar los pacientes en tratamiento, los médicos, los asistentes, los transportistas, los empleados administrativos. TODOS…’ (sic)».
El titular del Juzgado n.° 14 indicó que «la cuestión debatida supera con creces el estrecho marco precautorio característico de aquellas, máxime al haber sido articuladas en el turno, con la consiguiente e imperativa necesidad de dar una pronta y rápida definición». También en su argumentación sumó que «lo pretendido produciría efectos jurídicos directos sobre personas ajenas al proceso -los propios pacientes renales-, en tanto no ha sido ofrecida su citación en el escrito de inicio y, claro está, el limitado margen de tiempo horario del turno, impide, (…) instar la debida difusión pública de este amparo colectivo, para que concurran a estar a derecho todos los posibles afectados o interesados en el debate». Y añadió que «a tenor del estatuto de la amparista, no se desprende su legitimación activa para la representación de dicho colectivo, independientemente de las loables intenciones que surgen del escrito inicial, y sus destacables preocupaciones como operadores del sector». Por último, subrayó que «el contenido mismo de las medidas apunta a decisiones que, a priori, se presentan como de resorte exclusivo de las competencias y facultades propias de la autoridad ejecutiva, en tanto órgano especializado en la materia en ciernes y, sobre el particular, las afirmaciones vertidas (…) no vienen acompañadas de elementos probatorios de suficiente entidad«.
El juez en turno advirtió que «no se soslaya la discrepancia de la parte actora con el contenido del documento anejado y que fuera emitido por la autoridad federal, dado que no se ha alegado ni acreditado que esa sea la pauta que estaría aplicando el gobierno porteño ni, por otra parte, se han arrimado pruebas que demuestren la ilegalidad de dichos criterios, al tiempo que el suscripto no resulta competente para controlar –en forma indirecta- la legalidad de actos emitidos por autoridades nacionales y no constituye ese el objeto de este juicio».
Interpretó como poco prudente que «el suscripto impusiera un determinado criterio médico epidemiológico de actuación al organismo con competencia y versación en la materia, desconociendo incluso las eventuales implicancias fácticas en orden a la operatividad del sistema de salud en su conjunto, estimadas a partir del pedido formulado por la actora de que los efectores públicos locales absorban a un colectivo que no ha sido siquiera cuantificado». En definitiva, aseguró que «en la demanda no se alude a ningún caso individual concreto, sino a una estimada potencialidad de eventuales perjudicados, que no han venido a juicio».
Aclaró Fastman, por último, que «lo expuesto no impide que la cuestión pueda ser reevaluada, a petición de los interesados ante la Sra. Jueza natural de la causa, una vez que el juicio avance en su trámite, se produzca la prueba ofrecida, se integre el resto de los frentes interesados, o se arrimen nuevos elementos de análisis».
La resolución fue comunicada por correo electrónico, tanto a la parte actora como al GCBA.-
La historia de los barrios también se conserva en los libros que pasaron por las escuelas, las caricaturas que reflejaron la política de otras épocas y las estaciones ferroviarias que acompañaron el crecimiento de Buenos Aires. Con esa mirada, la tercera edición de la Semana del Patrimonio ofrecerá actividades gratuitas para acercar a los vecinos a los espacios y relatos que forman parte de la identidad porteña.
En la Comuna 12, las propuestas se concentrarán en Saavedra y Coghlan, con encuentros que invitan a mirar el pasado desde lugares conocidos y reconocer el valor cultural que permanece cerca de casa.
Museo Saavedra: libros escolares y caricaturas políticas
El Museo Histórico Cornelio de Saavedra, ubicado en avenida Crisólogo Larralde 6309, será una de las paradas de la programación.
El miércoles 4 de noviembre, a las 17, se realizará la charla “Libros y lecturas escolares de un siglo a otro”, un recorrido por los textos utilizados en la escuela primaria argentina desde mediados del siglo XIX hasta fines del siglo XX. La propuesta permitirá conocer cómo cambiaron los contenidos, los materiales y las formas de enseñar a lo largo de las generaciones.
El viernes 6, también a las 17, llegará “Algo más que risas: caricatura, política y prensa en la Buenos Aires del siglo XIX”. A cargo de Claudia Román, doctora en Letras de la UBA, la actividad analizará el papel de las caricaturas en los medios de comunicación de aquella época y su influencia en la formación de la opinión pública.
Coghlan: una búsqueda entre el pasado y el presente
La estación de Coghlan, uno de los lugares más hermoso y emblemático del barrio, será escenario de una experiencia participativa organizada por la Asociación Amigos de la Estación Coghlan, con sede en Estomba 2649.
Bajo el nombre “La búsqueda de Coghlan en el tiempo”, la propuesta invita a descubrir historias y secretos del patrimonio ferroviario y relacionarlos con la identidad actual de la zona.
Habrá dos oportunidades para participar: el viernes 6 de noviembre, a las 14.30, y el sábado 7, a las 16.
Una oportunidad para valorar el patrimonio barrial
La Semana del Patrimonio se desarrollará en distintos puntos de la Ciudad, con visitas guiadas, talleres, charlas y recorridos por edificios históricos. La mayoría de las actividades serán gratuitas, aunque algunas requieren inscripción previa.
Para los vecinos la agenda representa una oportunidad para conocer mejor el lugar donde viven y reconocer que el patrimonio no está solamente en los grandes monumentos: también permanece en las instituciones, los espacios ferroviarios, los documentos y las historias transmitidas de generación en generación.
Participar de estas propuestas permite mantener viva la memoria de los barrios y comprender por qué conservar su historia resulta fundamental para las próximas generaciones.
Resolver una duda legal, entender cómo iniciar un trámite o saber qué pasos seguir frente a un problema familiar o laboral puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza, especialmente cuando consultar a un profesional implica un gasto difícil de afrontar. En Saavedra, la Asociación Vecinal ofrece una alternativa para quienes necesitan orientación y acompañamiento sin tener que pagar por la consulta.
El servicio funciona en la sede de avenida Balbín 4221 y recibe a los vecinos de manera espontánea, sin necesidad de solicitar una cita previa. La atención se brinda los martes, de 15:30 a 17, y está abierta a toda la comunidad.
Qué consultas se pueden realizar en la Vecinal de Saavedra
El espacio de asesoría jurídica contempla distintas áreas del derecho, con orientación sobre cuestiones de familia, derecho penal, asuntos laborales, temas civiles y propiedad intelectual.
Contar con información inicial puede ayudar a comprender mejor una situación, conocer qué alternativas existen y determinar cuáles son los pasos que corresponde seguir. En cuestiones vinculadas con contratos, conflictos familiares, problemas laborales u otros asuntos legales, recibir orientación a tiempo permite evitar decisiones apresuradas y encarar cada caso con mayores herramientas.
La iniciativa también incluye acompañamiento para realizar trámites y gestiones administrativas. Entre las consultas previstas se encuentran los trámites web de PAMI, el Certificado de Discapacidad, el subsidio habitacional, Ciudadanía Porteña y el programa Vivir en Casa.
Un servicio gratuito que acerca respuestas al barrio
Para muchas familias, encontrar un lugar cercano donde consultar sobre derechos y gestiones representa una ayuda importante. No siempre resulta sencillo interpretar los requisitos de un organismo público o saber qué documentación presentar, y contar con una orientación inicial puede facilitar ese recorrido.
Además, el servicio permite acercarse a la propia asociación vecinal, una institución del barrio que ofrece un espacio para plantear inquietudes y buscar respuestas sin necesidad de trasladarse a otras zonas de la Ciudad.
La propuesta pone en primer plano una función importante de las organizaciones barriales: acompañar a la comunidad en cuestiones cotidianas que pueden tener consecuencias económicas, familiares o laborales.
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