Del encierro a la esperanza: rescatan 23 perros de un criadero ilegal en Saavedra

Convertir la vida de un animal en una mercancía es una de las prácticas más aberrantes que puede ejercer el ser humano. Los criaderos ilegales representan una de las caras más oscuras del maltrato animal: espacios clandestinos donde los perros son privados de afecto, movimiento y condiciones mínimas de higiene, sometidos al encierro permanente y a la reproducción forzada con un único fin económico.

Detrás de cada cachorro vendido, suele esconderse una historia de abandono, hacinamiento y dolor silencioso. Esa realidad quedó al descubierto en donde un operativo judicial permitió rescatar a 23 perros de raza Airedale Terrie que vivían en condiciones indignantes dentro de un criadero ilegal en una vivienda ubicada en la calle Pico al 4900, en el barrio de Saavedra, donde funcionaba un criadero ilegal.

Los animales permanecían encerrados en jaulas diminutas, sin un plan sanitario, rodeados de suciedad y privados de las condiciones básicas necesarias para una vida digna.

La intervención fue encabezada por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), bajo la conducción del fiscal Blas Matías Michienzi, y contó con la participación de múltiples organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y fuerzas especializadas.

La investigación comenzó tras una denuncia vecinal

El procedimiento se originó a partir de una denuncia presentada ante la UFEMA, lo que dio inicio a una investigación coordinada con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño. Las tareas preliminares permitieron confirmar la existencia de un criadero clandestino que operaba al margen de la normativa vigente sobre bienestar animal.

Según las pruebas reunidas, los responsables del inmueble mantenían a los perros en condiciones incompatibles con cualquier estándar de cuidado, infringiendo la legislación que protege a los animales domésticos en la Ciudad de Buenos Aires.

Ante la gravedad de la situación constatada, el fiscal Michienzi solicitó una orden de allanamiento al Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 19, a cargo del juez Nicolás Repetto. El objetivo central fue poner fin a la actividad ilícita y garantizar el resguardo inmediato de los animales, que se encontraban en riesgo sanitario.

La medida judicial permitió desplegar un operativo integral, en el que participaron:

• El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ)
• La División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad
• La Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA)
• La División Perros
• La Dirección General de Canes y Felinos Domésticos del GCBA
• Un equipo de médicos veterinarios especializados

Condiciones de encierro y falta total de controles sanitarios

Durante el allanamiento, los profesionales confirmaron la presencia de 23 perros, entre ellos 5 cachorros de aproximadamente tres meses, 14 hembras adultas y 9 machos jóvenes y adultos. El diagnóstico fue alarmante: los animales presentaban suciedad generalizada, olor intenso a materia fecal y signos visibles de abandono sanitario, como sarro dental y falta de controles veterinarios.

Ninguno de los perros contaba con un plan sanitario vigente, lo que incrementaba significativamente el riesgo de enfermedades y complicaciones de salud.

Jaulas pequeñas, alimento insuficiente y ambientes insalubres

El informe veterinario detalló que la mayoría de los perros, de gran porte, permanecían de a dos dentro de jaulas extremadamente reducidas, sin espacio suficiente para moverse, caminar o incluso pararse con comodidad. El agua y la comida eran escasas e inadecuadas para la época del año, y los recipientes se encontraban en condiciones insalubres.

Además, los ambientes carecían de ventilación y luz solar, una situación que, según los investigadores, tenía como objetivo evitar que los perros ladraran y alertaran al exterior. El piso de las jaulas y los alrededores acumulaban grandes cantidades de materia fecal, agravando aún más el cuadro sanitario.

Secuestro de los animales y traslado a ONG especializadas

Frente a este escenario, la UFEMA dispuso el secuestro de todos los perros y de las jaulas utilizadas en el criadero. Cada animal fue identificado con un chip y un número de ID, lo que permitirá realizar un seguimiento de su evolución y situación legal.

Posteriormente, los perros fueron trasladados a distintas organizaciones no gubernamentales especializadas en protección animal, donde recibirán atención veterinaria, cuidados adecuados y un proceso de recuperación física y emocional.

Clausura del inmueble y avance de la causa judicial

La Dirección General de Control Ambiental ordenó la clausura inmediata del inmueble, al constatarse la violación de la Ley 14.346, que prohíbe el maltrato y la cría de animales domésticos en condiciones irregulares. Se colocó una faja de clausura para impedir la reanudación de cualquier actividad similar.

Asimismo, se labraron actas por omisión de recaudos en el cuidado de animales domésticos, conforme a la normativa vigente. Desde la UFEMA informaron que la investigación continuará para determinar las responsabilidades penales correspondientes y prevenir que este tipo de prácticas se repitan en otros puntos de la ciudad.