Entre el argumento oficial y la indignación vecinal: el debate por la demolición en Parque Saavedra

El reciente operativo de demolición del centro de jubilados y la cancha de tejo en Parque Saavedra, llevado adelante por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el pasado martes a la madrugada, generó un fuerte revuelo en el barrio de Saavedra.

Mientras desde el oficialismo defienden la medida alegando que se trataba de una construcción irregular con múltiples denuncias, vecinos autoconvocados y organizaciones barriales expresaron su repudio ante lo que consideran una acción arbitraria, desproporcionada y profundamente regresiva para la comunidad del barrio de Saavedra.

Una madrugada de topadoras y vallados

Todo ocurrió en la madrugada del martes, cuando personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, junto con un numeroso operativo de la Policía de la Ciudad, se presentó en el sector del parque ubicado en García del Río entre Conde y Freire.

Sin previo aviso, se procedió a desalojar el predio y demoler una edificación que, desde hace décadas, funcionaba como sede del Centro de Jubilados y Pensionados Unión Recreativa del Parque Saavedra, junto a una cancha de tejo utilizada por adultos mayores y vecinos del barrio.

La sorpresa fue total para quienes por años participaron de este espacio. La demolición incluyó maquinaria pesada y la remoción de siete camiones cargados de escombros. Tras el operativo, se colocaron vallas y la zona permanece bajo custodia policial.

La versión oficial: ocupación del espacio público y denuncias

Desde el Gobierno de la Ciudad sostienen que la intervención respondió a una ocupación indebida del espacio público. Según explicaron fuentes de Espacio Urbano, la estructura demolida era una “construcción de mampostería que se presentaba como centro de jubilados”, pero que no contaba con habilitación legal ni permiso de uso del terreno.

“La convivencia requiere reglas claras y respeto. No vamos a permitir situaciones de ocupación permanente del espacio público, que obligan a los vecinos a vivir situaciones que no eligieron”, aseguró el ministro Ignacio Baistrocchi. Además, funcionarios informaron que desde hace tiempo existían denuncias por parte de vecinos que alertaban sobre hechos de violencia, amenazas, y obras realizadas sin autorización.

También recordaron que a fines de 2024 ya se había intimado a los ocupantes y se habían secuestrado materiales de construcción que eran utilizados para reacondicionar el predio. “El espacio público es de todos, tiene que ser compartido, no tomado”, remarcaron.

La otra cara: un espacio con historia y función comunitaria

Sin embargo, desde el tejido social barrial, la interpretación es radicalmente distinta. Para quienes formaban parte del centro, la demolición no solo fue inesperada y violenta, sino también injusta. “Este lugar tenía permisos actualizados en el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC).

Teníamos habilitación hasta 2027. Todo estaba en regla”, expresaron integrantes del Club de Amigos del Parque Saavedra, quienes también vieron cómo se incautaron materiales donados por la comunidad y destinados a arreglos en la cancha de tejo.

Vecinos como Marta, docente jubilada, mostraron su indignación: “Esto no era una fachada. Acá había actividades culturales, talleres, clases de folklore, se hacían encuentros intergeneracionales. Iba a traer libros para donar. No podemos entender lo que pasó”. Otro vecino fue contundente: “Esto era el alma del barrio. Lo destruyeron sin pensar en nosotros. Quemaron un libro de historia, esto era todo para muchos jubilados”.

Desde la Asamblea Parque Saavedra emitieron un comunicado tajante: “Repudiamos el accionar violento, ilegal y absurdo del GCBA. Vinieron de madrugada, sin orden judicial, y arrasaron con un espacio con historia, que funcionaba desde hace más de 30 años y estaba en regla. Se llevaron las pertenencias de las personas que trabajaban allí, incluidos puestos de feria del parque. Si tocan el club, nos tocan a todes”.

Pedido de informes y reclamos políticos

La reacción también tuvo eco en el plano institucional. El comunero Pablo Ortiz Maldonado (Unión por la Patria) y la legisladora Berenice Iañez presentarán pedidos de informes tanto en la Comuna 12 como en la Legislatura de la Ciudad para esclarecer las motivaciones y legalidad del operativo.

Entre los puntos a investigar se destacan:

• Si existía una orden judicial o administrativa que avalara la demolición.
  
• Por qué se llevó a cabo de madrugada y sin aviso previo.
  
• Qué destino tuvieron las pertenencias y materiales retirados.
  
• Si se contempla la restitución del espacio o una propuesta alternativa para los adultos mayores.
  

¿Espacio público o espacio comunitario?

La tensión de fondo gira en torno a una pregunta clave: ¿qué significa y a quién pertenece el espacio público? Mientras el oficialismo insiste en que debe estar libre de ocupaciones fijas y ser usado de forma compartida, las organizaciones barriales advierten sobre una tendencia creciente a vaciar de contenido social los espacios verdes, avanzando hacia su “gentrificación” o su uso comercial con grandes eventos y privatizaciones encubiertas.

Parque Saavedra no es un caso aislado. En los últimos años, ha sido foco de protestas por obras inconsultas, eventos masivos cercanos a la reserva ecológica y remodelaciones que no siempre consideraron la opinión de los vecinos. La reciente demolición reaviva este debate, con un saldo doloroso: un centro de jubilados reducido a escombros, sin una propuesta clara de reemplazo.

Lo que quedó en pie tras la demolición no es solo el vallado y el cemento roto, sino la voluntad de cientos de vecinos de defender su derecho a construir comunidad. Aunque desde el Gobierno se intente justificar la medida con argumentos legales, lo cierto es que el modo y la forma de ejecución refuerzan la percepción de que los lazos sociales —especialmente aquellos que se tejen entre los más vulnerables— están siendo desatendidos.