Había que cambiarle la fuente, demoraron más de nueve meses y los multan
La Cámara rechazó el recurso directo interpuesto por una empresa de audio, y confirmó la multa dispuesta por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, integrada por su presidente, Carlos Balbín, y sus colegas, Fabiana Schafrik y Mariana Díaz, rechazó el recurso interpuesto por el Service Oficial de la firma Pionner (KST S.A.) contra lo dispuesto por el GCBA que le impuso una multa de 50 mil pesos, por infracción al artículo 21 de la Ley n.° 24.240. Todo ello en el marco de los autos caratulados «KST SA contra GCBA sobre recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor», Exp. 2557/2014-0.
La disposición se dictó a raíz de la denuncia del Sr. A. F. P., quien relató que «se presentó en el service oficial Pioneer para dejar en reparación un equipo de audio Hifi Pio[ne]er que había que cambiarle la fuente de alimentación, abono por la revisión un costo de $ 25 y te pasan un valor de presupuesto de reparación de $ 350, me dicen que demorarían unos 35 días desde la fecha, pero van 9 (nueve meses) y después de haber llamado y presentado en persona,me dicen que aún no ha sido reparado el aparato. Me han incluso dicho que tengo que tener paciencia y seguir esperando y sino que lo lleve. Me han tratado de muy mala manera y jamás me llamaron ellos, aunque sea para informarme el estado del asunto ni para disculpar la excesiva demora».
La empresa presentó su descargo, y sostuvo que «por tratarse de un equipo de más de 17 años de uso se le notificó al usuario y fue aceptado por este que la estimación de costo y plazo de reparación estaba condicionada a la existencia de repuestos originales». Asimismo agregó que «concluido el diagnóstico del equipo se pudo realizar una estimación de costos pero no de plazo ya que el repuesto necesario no estaba disponible en stock local ni en el Centro de distribución de repuestos que la marca posee en la ciudad de Long Beach, California, USA». Por último, indicó que «tal como es práctica en los principales Centros Técnicos, el estado de los trabajos con todos los detalles pueden ser consultados, aceptados o rechazados por Internet (…), de allí se puede imprimir la información o bien pasar por nuestro local y solicitar el detalle de la revisión».
Para el GCBA, la sumariada «no ha hecho entrega al Sr. P. de constancia alguna de presupuesto acorde con las prescripciones impuestas por la normativa y que fueran precedentemente indicadas, toda vez que la factura entregada por KST SA al consumidor, (…), no acredita los materiales a emplear, los precios de éstos y la mano de obra, el tiempo en el que se realizaría el trabajo, si otorga o no garantía y en su caso el alcance y duración de ésta, el plazo para la aceptación del presupuesto y los números de inscripción en la Dirección General Impositiva y en el Sistema Previsional».
Recordó Schafrik que «este régimen protectorio encuentra asidero en nuestra Constitución Nacional que prevé que ‘[l]os consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”. (art. 42 CN, 1º y 2º párrafo).
Respecto del imputado incumplimiento de la empresa prestataria, la magistrada entendió oportuno recordar que «el artículo 21 de la ley 24.240 establece que: ‘en los supuestos contemplados en el artículo anterior, el prestador del servicio debe extender un presupuesto que contenga como mínimo los siguientes datos: a) Nombre, domicilio y otros datos de identificación del prestador del servicio; b) La descripción del trabajo a realizar; c) Una descripción detallada de los materiales a emplear. d) Los precios de éstos y la mano de obra; e) El tiempo en que se realizará el trabajo; f) Si otorga o no garantía y en su caso, el alcance y duración de ésta; g) El plazo para la aceptación del presupuesto; h) Los números de inscripción en la Dirección General Impositiva y en el Sistema Previsional’»
Frente a la cuestión planteada, tanto el titular de la Sala, Carlos Balbín; como su colega, Mariana Díaz, adhirieron al voto de Schafrik.-
Villa Urquiza
Villa Urquiza: una desarrolladora construyó un edificio utilizando una medianera ajena y deberá pagar una millonaria suma
El crecimiento inmobiliario de Villa Urquiza volvió a quedar en el centro de una controversia, esta vez por una situación que enfrentó a propietarios de un edificio con una desarrolladora que construyó en el terreno vecino. La discusión no estuvo relacionada con la altura del inmueble ni con los permisos de obra, sino con algo mucho más puntual: el uso de una pared que ya existía y que había sido costeada por otros propietarios.
El caso involucró al consorcio de Pacheco 2855/57 y a Desarrolladora B.A. S.A., responsable de una construcción lindera ubicada en Pacheco 2865. Según el reclamo judicial, la empresa utilizó parte de la medianera del edificio vecino para ejecutar su proyecto, evitando afrontar el costo de levantar una estructura propia de características similares.
Ante esa situación, los propietarios decidieron recurrir a la Justicia para reclamar el reconocimiento económico por el aprovechamiento de la pared.
Una pared de 443 metros cuadrados y una pericia determinante
Durante el proceso judicial se realizó una inspección técnica a cargo del arquitecto Roberto Daniel Ferro, quien examinó los planos y las características de ambas construcciones.
El informe confirmó que los edificios estaban en contacto mediante una pared medianera de aproximadamente 443 metros cuadrados. También señaló que la desarrolladora había obtenido una ventaja económica al utilizar esa estructura, ya que se ahorró materiales, trabajos de construcción y tiempo de ejecución.
La empresa rechazó el reclamo y sostuvo que había construido su propio muro, cuestionando que existiera una obligación de compensar al consorcio. Sin embargo, la evaluación técnica terminó siendo determinante para la resolución del conflicto.
Qué resolvió la Justicia en Villa Urquiza
El 2 de noviembre de 2026, el Juzgado Nacional en lo Civil N° 109, a cargo de la jueza Pilar Fernández Escarguel, dictó una sentencia favorable al consorcio.
Aunque la pericia había establecido un valor total de $66.399.625, la magistrada descontó $6.036.329 correspondientes a honorarios profesionales cuyo pago no había sido acreditado. De esta manera, condenó a Desarrolladora B.A. S.A. a abonar $60.363.295, más intereses, además de afrontar las costas judiciales.
La resolución estableció un plazo de diez días para cumplir con el pago. No obstante, se trata de un fallo de primera instancia y todavía no consta que haya quedado firme.
Un antecedente para los consorcios de la Ciudad
Los representantes del consorcio explicaron que el dinero reclamado no constituye una multa, sino la compensación por los derechos de medianería correspondientes a una estructura que ya existía y fue aprovechada por la nueva construcción.
El episodio deja una cuestión de interés para los vecinos de Villa Urquiza y otros barrios porteños donde conviven edificios antiguos, nuevas construcciones y desarrollos inmobiliarios: las obras sobre terrenos linderos también deben contemplar los derechos de quienes viven junto a ellas. En este caso, los propietarios recurrieron a la Justicia y consiguieron un reconocimiento económico por una pared que, según se determinó en el expediente, también había servido para beneficiar a la empresa constructora.
El trabajo de los recuperadores urbanos de Saavedra recibió una visita especial. Sor Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, recorrió las instalaciones de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros ( Roberto Goyeneche y Arias) , donde pudo conocer de cerca cómo se organiza la tarea de quienes trabajan diariamente en la recuperación de materiales reciclables.
La presencia de la funcionaria, que ocupa un cargo de relevancia dentro de la estructura de la Iglesia, respondió a una invitación de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). La intención fue acercar a las autoridades vaticanas a la realidad de los trabajadores, conocer sus condiciones laborales y mostrar el aporte que realizan tanto a la economía popular como al cuidado del ambiente.
Durante el encuentro, Smerilli recordó el pensamiento del papa Francisco y destacó el lugar que les otorgaba a los sectores más vulnerables. En ese sentido, señaló que Bergoglio reconocía la acción del Espíritu Santo que hace de las personas pobres no solamente destinatarias de ayuda, sino también protagonistas de la misión de la Iglesia.
La visita adquiere un significado particular para los vecinos de la Comuna 12, ya que pone en primer plano una actividad que forma parte de la vida cotidiana de la Ciudad y que muchas veces no recibe el reconocimiento que merece. La recuperación de cartón, papel, plástico y otros materiales permite reducir los residuos que llegan a los rellenos sanitarios y recuperar recursos que pueden volver al circuito productivo.
Sin embargo, detrás de esa tarea existe una preocupación creciente. Desde las cooperativas cartoneras porteñas advierten que alrededor de 6.500 puestos de trabajo se encuentran en riesgo ante los cambios previstos en los pliegos de higiene urbana. Por eso reclaman que el sistema de reciclado contemple y reconozca el papel de los recuperadores urbanos, a quienes consideran fundamentales para su funcionamiento.
Amanecer de los Cartoneros nació en 2005, como respuesta colectiva a las consecuencias de la crisis económica y social de 2001. Vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y a la FACCyR, reúne a más de 3.000 asociados y se define como una organización sin fines de lucro, creada y conducida por los propios trabajadores.
La recorrida de la representante del Vaticano se realizó en el marco del Encuentro Regional de Movimientos Populares, que reunió en la Argentina a organizaciones sociales, sindicales y eclesiales de distintos países de América Latina. Allí se elaboró una declaración que será entregada al papa León XIV y que vuelve a poner en el centro tres reclamos históricos: tierra, techo y trabajo.
Para Saavedra, la visita también permite acercar la mirada a una realidad laboral y social que forma parte del barrio y recordar que detrás de cada material recuperado hay trabajadores, familias y una organización que reclama poder continuar con su tarea.
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