La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires buscará convertir en ley en la última sesión ordinaria del año un proyecto promovido por el gobierno porteño para “rezonificar” un predio que se encuentra en una zona exclusiva del barrio de Palermo sobre la Avenida Figueroa Alcorta, entre Cavia y Casares.
Tal como adelantó Infobae, el Poder Ejecutivo pretende vender esas tierras -que hace 81 años son administradas por la Policía Federal – y habilitar la construcción de torres de 150 metros de altura.
El texto del proyecto divide el área en 6 sectores y los define como “una zona de buena accesibilidad, que forma parte del eje norte de estructuración de la Ciudad, y que admite el desarrollo de equipamiento de escala urbana-metropolitana”. El predio de ocho hectáreas se articula en un corredor que atraviesa el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, la Plaza República del Perú y el Parque 3 de Febrero.
Actualmente se encuentra allí una de las propiedades más significativas de la Policía Federal. El predio del Cuerpo Policía Montada tiene en sus edificios la oficina de Interpol, la división antiterrorista, divisiones investigativas, la división Perros con ingreso por la calle Chonino –el nombre del ovejero alemán con estatus de héroe de la fuerza, en cuyo honor se celebra el Día Nacional del Perro–. Los actos y las ceremonias protocolares se celebran allí. Limita con el shopping Paseo Alcorta y con el Club de Amigos, se enfrenta al Jardín Japonés y les da la espalda a las vías del tren Mitre. Su ubicación es estratégica, codiciada y valorada por los emprendedores inmobiliarios.
Dentro del polígono se encuentran inmuebles con protección patrimonial designados bajo los nombres pabellón Picadero, pabellón de servicios médicos, pabellón de oficiales, guardia de prevención, pabellón de cocina y anexos y el edificio “La Boyera”, en la intersección de Av. Casares y Chonino, una torre de ladrillo construida en 1880 con establos y dependencias donde se guardaban los bueyes utilizados para los trabajos de mantenimiento de los parques linderos.
Las estructuras tienen valor arquitectónico e histórico calificadas bajo “Preservación Patrimonial”, por lo que admiten obras y acciones con grado de intervención bajo, aunque flexible. En los edificios se permitirá el uso comercial, educativo, de culto y recreación, alojamiento, sanidad, servicios y residencial.
De acuerdo a la norma, los polígonos 4, 5 y 6 se convertirán en “espacios verdes y parquizados, destinados a uso y utilidad pública”. Y los polígonos 1 y 2 estarán disponibles a la tentación del mercado inmobiliario que, por ejemplo, invirtió 151 millones de dólares en la subasta de una parte del terreno del ahora ex Tiro Federal.
La geógrafa urbana Paloma Garay Santaló calificó la iniciativa como un proyecto paradigmático que encrudece lo que interpreta como una política urbana de venta de tierras públicas brutal y descarada. “Por la escala del terreno que se pone en debate. Es casi tan grande como el Parque de la Innovación –puntualizó–. La tierra pública es un banco de tierras de donde conseguir recursos para escuelas, hospitales, centros de transbordo y equipamientos que el crecimiento de la población debería estipular y que acá no están contemplados», aseguró.
Cuestionó, a su vez, el principio de prioridades que establece el gobierno porteño: “No aparece clara la urgencia por urbanizar esas tierras ni un uso público prioritario. La generación de espacios verdes no sería en ese espacio una prioridad de la Ciudad. No hay proyectos de salud, educación u otros usos públicos de interés general. Los recursos generados no tienen un fin claro y en los fundamentos plantea los dos puntos más discutibles: que solamente pague la relocalización de la policía y la infraestructura de este desarrollo, por lo que a los porteños nos queda muy poco. El potencial es el entretenimiento, las viviendas de lujo, el desarrollo de un sector no prioritario. Bien podrían anclar esos recursos para la extensión de nuevas líneas subterráneas, pero deciden que se puede concesionar por cincuenta años el suelo del predio poniendo estacionamientos”.
“Todos los lineamientos urbanísticos para el resto de la Ciudad en esta ley se exceptúan, lo que concede un nivel de rentabilidad de la tierra extraordinario en condiciones de venta que son distintas a las del mercado. Hay una transferencia del sector público al sector privado para incentivar el desarrollo inmobiliario en condiciones muy favorables para el privado. Es una transferencia a los privados en condiciones excepcionales para un derrame que no se ve. Sino que no es más que una transferencia excepcional que plantea estímulos o beneficios poco materializables”, concluyó la urbanista.
Para Luis Baer, investigador del Conicet y del Instituto de Geografía, esto es parte “de una saga de subastas compulsivas de inmuebles de la Ciudad”. Ensayó una posición detractora de la postulación de la ley y la contrastó con medidas urbanísticas de otras metrópolis: “Cuando hay temas acuciantes en términos de políticas habitacionales o ambientales, las administraciones de ciudades capitalistas suelen hacer todo lo contrario de lo que hace el gobierno porteño. No se desprenden del patrimonio fiscal sino que proponen una gestión estratégica de los recursos del suelo: adquieren y tienen modalidades inteligentes para luego articular una política habitacional, ambiental o de desarrollo productivo. Eso es el contrapunto más fuerte que yo veo. Son políticas comunes de los últimos doce años, pero redoblado en los últimos cuatro. Es un sello propio de la marca Larreta”.
El abogado urbanista Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), hizo énfasis en la lógica de privatizaciones en los últimos doce años de gestión: aseguró que, entre ventas y concesiones, se transfirieron desde el sector público al privado 473 hectáreas, el equivalente a 263 Plazas de Mayo. “En los años de gobierno del PRO, tanto Rodríguez Larreta como Mauricio Macri rompieron los récords de privatizaciones de tierras públicas en la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Larreta privatizó incluso más hectáreas en cuatro años de lo que hizo Mauricio Macri en ocho. En este contexto es que se deben evaluar las privatizaciones de estos predios, que repiten la lógica de las privatizaciones anteriores, relacionadas con el sacrificio de espacios verdes. Este proyecto viene a rezonificar zonas que estaban destinadas a espacios verdes para otros usos. Nuevamente se cae en la idea infundada de la necesidad de privatizar predios, una lógica que está más orientada a negocios inmobiliarios y comerciales que a garantizar soluciones de problemáticas prioritarias como la emergencia habitacional y ambiental”.
A modo de reflexión, Baldiviezo incurrió en dos preguntas retóricas para cuestionar el proyecto de ley: “¿Quién tiene mayores facultades para hacer el financiamiento: un privado o el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone del Banco de la Ciudad como instrumento de financiación? ¿Por qué la tierra pública y la capacidad de modificación del planeamiento de la Ciudad y la normativa urbanística la tiene que capitalizar y usufructuar un privado y no la puede hacer el Estado?”.
