El conflicto entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires sobre a cuánto deben ascender los recursos que le corresponden al distrito reactualiza un viejo debate sobre el federalismo fiscal y si el reparto tiene que priorizar las necesidades de las provincias o bien lo que cada una aporta a la economía del país.

En medio de la discusión entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta subyace el reclamo de las provincias “grandes” que se consideran perjudicadas en el reparto de recursos fiscales nacionales. Y entre esos distritos, la Ciudad de Buenos Aires se ubica en el primer puesto de la fila: es el que aparece como más perjudicado en la distribución de ingresos en relación con su aporte al PBI total, al recibir el 68,92% menos que su porción en la “torta” argentina.

En la tensión entre una mayoría de provincias que reciben más de lo que aportan y una minoría en la que los términos de la ecuación se invierte, se encuentran dos criterios rectores. Los especialistas los denominan respectivamente “redistributivo” (o simplemente “distributivo”) y “devolutivo”.

Los criterios básicos para definir el reparto de recursos de la Coparticipación son el redistributivo, que atiende las necesidades de las provincias económicamente más rezagadas, y el devolutivo, que contempla el aporte que cada distrito realiza a la economía nacional

Entre los partidarios de la primera opción se anotan las provincias más empobrecidas en tanto las de mayor peso económico propugnan por la segunda, tal como periódicamente se señala desde la provincia de Buenos Aires, cuyos representantes aseguran que reciben la mitad de lo que aportan.

Del otro lado, objetan que esa postura no considera la necesidad de equilibrar las desigualdades regionales en términos de capacidad de generación de riqueza, las cuales buscan corregirse con la coparticipación del cobro de impuestos.

La discusión está lejos de estar saldada, ya que las provincias “ricas” aducen que en sus territorios se concentra la mayor cantidad de población con necesidades básicas insatisfechas y que además son receptoras permanentes de la demanda de servicios de salud y educación por parte de las provincias “pobres”, en tanto estas reclaman por la falta de atención del poder central para la realización de las obras de infrastructura que permitan reducir esa brecha de desarrollo.

Falta de información

Pero el principal inconveniente para determinar un criterio de justicia en el reparto de los recursos (o por lo menos que se acerque a esa meta) radica en la falta de información confiable, precisa y actualizada sobre cuál es el aporte de cada uno de los 24 distritos a la economía argentina en general. Es decir, se sabe cuál es el PBI total, incluso con información desagregada por sectores económicos, pero no qué porción le corresponde a cada uno de los 24 distritos.

La última medición realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre el Producto Bruto Geográfico (equivalente provincial del PBI) data de 2004 y no contempla los cambios económicos de los últimos quince años. Por ejemplo, el desarrollo de la explotación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, la liquidación de exportaciones del complejo sojero o el crecimiento de la industria del software y la denominada economía del conocimiento.

Ese “vacío notable” representa “dificultades a la hora de analizar las economías regionales argentinas, tanto con objetivos de monitoreo macroeconómico como de diseño y evaluación de políticas públicas”, señalaron los economistas Federico Muñoz, de la consultora homónima, y Martín Trombetta, de la UADE cuando presentaron el Indicador Sintético de Actividad Provincial (ISAP), con el que desde 2016 intentan subsanar esa falta de información actualizada.

La última medición oficial del Producto Bruto Geográfico data de 2004. Hay un ‘vacío notable’ de información que implca dificultades a la hora de analizar las economías regionales argentinas (Federico Muñoz y Martín Trombetta)

Infobae cruzó la última actualización del ISAP de 2018 con la distribución de la Coparticipación vigente a 2019 detallada por la Comisión Federal de Impuestos (CFI). Porque en este caso también hay diferencias respecto de la Ley 23.548 sancionada en enero de 1988. Desde entonces se crearon nuevos impuestos, se modificó su distribución, la Nación transfirió a las provincias los servicios de Salud y Educación y, para completar, se sumaron dos nuevos protagonistas al reparto: Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires, que no eran autónomos hace 32 años.

De ese entrecruzamiento surge la información necesaria para saber no sólo qué porcentaje del total de recursos recibe cada una de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires sino también cuál es el aporte que cada distrito realiza a la economía argentina. Y, en consecuencia, quiénes se benefician al recibir más recursos impositivos que el aporte económico que realizan y quiénes se perjudican por ser receptores de un porcentaje menor a la proporción que tienen en la economía del país.

La información tiene fundamental importancia en medio del debate entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, porque este es el distrito más perjudicado en la distribución de los recursos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos: recibe un 68,92% menos de lo que aporta a la economía nacional.

En el otro extremo, la provincia más favorecida en el reparto es Formosa, ya que se le envía un 465% más de su aporte al PBI, un beneficio que en los 32 años de vigencia del actual Régimen de Coparticipación no se reflejó en una mejora significativa como para reducir la brecha de desarrollo entre el estado gobernado por Gildo Insfrán y el resto del país.

Además de CABA, cuatro provincias integran el lote de las que aportan más que lo que reciben: Neuquén, Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz. Otras tres aportan y reciben porcentajes equivalentes (Santa Fe, Córdoba y Mendoza) y las 16 provincias restantes reciben por Coparticipación más de lo que representan en la economía argentina.

En este último grupo se observa una marcada disparidad, entre el ya mencionado caso de Formosa y, por ejemplo, Tierra del Fuego, en el que la brecha es del 27,78%. Pero la mayoría recibe entre el doble y el triple de lo que aporta.

Un 3,5% que representa 5,78 por ciento

El debate de los últimos días entre porteños y provincianos, estos últimos apoyados por el presidente Alberto Fernández (paradójicamente porteño) estribó en si correspondía mantener el actual aporte a la Ciudad Autónoma del 3,5% de la Coparticipación o reducirlo a un nivel que podría llegar al 2,5 por ciento.

En rigor, el porcentaje que recibe la Ciudad es mayor a ese 3,5%, ya que la forma de calcularlo es diferente a la del resto de las jurisdicciones en que se divide el país, por haber sido el último distrito en alcanzar la autonomía y, en consecuencia, acceder al derecho ocho años después de la sanción de la Ley 23.548.

La ley estableció 32 años atrás que el 42,34% de la masa coparticipable se destinaría al Estado nacional, el 1% a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el 56,66% restante a las provincias, que por entonces eran 22. En la actualidad, lo único que permanece sin cambios es el 1% de los ATN. A la Nación le corresponde el 38,14% y a las provincias (que ahora incluyen a Tierra del Fuego y CABA) el 60,86%. A esa asignación de procentajes se lo conoce como “distribución primaria”, en tanto la forma en que se reparte ese 60,86% entre las provincias constituye la “distribución secundaria”

El 3,50% que se le asigna a la Ciudad de Buenos Aires está calculado sobre el total de la Coparticipación, pero si lo calculara dentro de la distribución secundaria (la masa de recursos que le corresponde a las provincias) el porcentaje subiría a 5,78 por ciento

Pero el 3,5% de la Ciudad de Buenos Aires está calculado sobre el 100%, es decir incluyendo también el 38,14% de la Nación y el 1% de los ATN. Si se lo calculara dentro de la distribución secundaria, el porcentaje sube a 5,78 por ciento.

Pero incluso con ese aporte adicional de 2,28 puntos porcentuales la Ciudad de Buenos Aires continúa recibiendo notablemente menos de lo que aporta, que de acuerdo con el ISAP de Federico Muñoz y Asociados representa el 18,6% de la economía argentina.

Detrás de CABA e incluso delante de la provincia de Buenos Aires, Neuquén es el segundo en la lista de perjudicados, principalmente por el crecimiento económico que representó en los últimos años la explotación de recursos no convencionales de gas y petróleo en el área de Vaca Muerta, que no siquiera eran un proyecto cuando se sancionó la ley de Coparticipación. En este caso, la brecha negativa llega al 57,37% y seguirá en aumento en la medida que se impulsen los emprendimientos hidrocarburíferos en la zona.

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